Los grandes pulpos

Los grandes pulpos, frase que da título a la presente publicación, no alude a relatos fantásticos de monstruos submarinos o calamares gigantes. Tampoco tiene que ver con el famoso pulpo del Italpark (en la foto).
Más bien, la temática de hoy se refiere a los grandes pulpos mediáticos que manejan la comunicación en el país (no es que sea un fenómeno exclusivamente de la Argentina, pero el tema se acotará a lo sucedido en este país, nomás).
En un trabajo publicado a comienzos de la década del 90, el investigador inglés Graham Murdock señalaba con acierto que "la defensa de la libertad de prensa había sido vista como una extensión lógica de la defensa general de la libertad de discurso. Esto fue posible mientras la mayoría de los propietarios tenían un solo periódico y los costos de entrada al mercado eran bajos. Con el devenir del siglo XIX, la producción de diarios se tornó más sofisticada tecnológica y operacionalmente, con crecientes costos de entrada que restringían la entrada a los principales mercados y condujo a los pequeños títulos a salir del mercado. En el comienzo del Siglo XX se produce la era de los dueños de cadenas de periódicos y los barones de la prensa, llevando a los pensadores liberales democráticos a reconocer una creciente contradicción entre el rol ideologizado de la prensa como un recurso de la ciudadanía y su base económica de propiedad privada."
Iniciado ya el siglo XXI, la situación se ha extendido a un amplio abanico de medios y ramas industriales. El sector comunicacional ya no está sólo formado por empresas familiares y, en algunos casos, encabeza importantes grupos transnacionales.
En cuanto a la situación de los medios y el debate en la sociedad acerca de su papel, se puede afirmar que no hay muchas discusiones públicas sobre las políticas de comunicación, por lo general restringidas a los círculos de especialistas. En los últimos años, dado que los medios de comunicación han comenzado a ocupar un lugar más importante en la sociedad, algunos de los debates vinculados a la economía y la política de los medios comenzaron a tener incidencia en las páginas de los periódicos. Como los propios medios son parte interesada, se hace necesario conocer cuáles son los intereses que están en disputa. En general se publica poco y cuando se hace hay que mirar detenidamente los intereses de la fuente que los transmite.
Últimamente se está dando la discusión acerca de el decreto/ley de radiodifusión 22285, de la época de los milicos (se promulgó/decretó en 1980/81). Hay que tener en cuenta algunas cuestiones, delicadas en función de esto, que demuestran que no es nada fácil que pueda haber una ley de radiodifusión auténticamente democrática. Por ejemplo: el triple play. Implica que un operador pueda, a través de un único cable, brindar los tres servicios (también puede ser a través del teléfono celular). Sin embargo, el pliego por el cual se privatizó ENTEL prohíbe taxativamente a las empresas telefónicas dar cualquier servicio de radiodifusión. El pliego fue aceptado por las empresas, porque fue ventajoso para ellas. Pero eso era en el año '90, si bien las telefónicas tenían claro que su crecimiento era hacia la radiodifusión, lo aceptaron (en efecto, Telefónica en España está dando triple play). Acá podemos ver el debate actual, ¿se va a dejar entrar a las telefónicas en la radiodifusión?
En el año 2000 la facturación de las empresas telefónicas en la Argentina era el doble de la facturación del conjunto de las industrias culturales (libros, discos, televisión, cable, cine). Si se las deja entrar rápidamente van a tener una posición dominante y puede pensarse en un monopolio. Por eso no es casual, volviendo al eje de lo que venimos hablando, que Clarín no mencione lo que se está discutiendo en el acuerdo entre el Gobierno y las telefónicas.
Cuando uno se refiere a la relación entre el Estado y el sistema de medios, parece tratarse de una relación abstracta, pero tiene una dimensión mucho más concreta de lo que se supone, ya que se trata de discusiones políticas y económicas que se toman cotidianamente.
Últimas consideraciones. Néstor Kirchner dijo que estaba “harto de las presiones corporativas”. Con la firma del decreto que prorroga las licencias de radio y TV por 10 años (técnicamente, lo que hizo fue suspender el conteo del plazo de las licencias, lo cuál es más o menos lo mismo), queda claro que el ex Presidente se sometió y cede ante las grandes corporaciones, del mismo modo que su sucesora en el sillón de Rivadavia, consecuente con esas políticas de concentración de los medios, en el medio de su actual (¿pelea?) con el Grupo Clarín -principalmente- y otros grupos mediáticos.
El decreto 527 es una capitulación. Los grandes grupos económicos que controlan la comunicación y la información en nuestro país lograron tener diez años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. No hay cambio posible en el país mientras unos pocos controlan la información. No hay democracia posible mientras las mayorías están silenciadas.
Con este decreto, el gobierno consolida la concentración en la propiedad de los medios que sufrimos en la Argentina. Mientras anuncian la prórroga de las licencias para los “empresarios” cómplices del saqueo que sufrimos los argentinos, cientos de organizaciones sociales y miles de pequeños y medianos emprendedores quedan excluidos de la posibilidad de acceder a una licencia.
Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad. Deberían ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinados a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. Sin embargo, el gobierno anterior y el actual con la continuidad de esas políticas, prorroga las licencias entregadas por la dictadura y el menemismo, dejando afuera a miles de otros aspirantes a utilizarlas. Aducen la “crisis” económica y se olvida de miles de pequeños y medianos radiodifusores que, desde hace años, no consiguen regularizar su situación o que directamente quedaron sin posibilidades de acceder a una licencia por la vigencia de la ley de la dictadura, ya declarada inconstitucional por la Suprema Corte.

Fuentes: Páginas de Políticas y Planificación de la Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y del Partido Obrero.

Bueno, a fuerza de no saturar a mis lectores con información y argumentación que pudiera resultarles excesiva, dejo en sus manos el investigar más sobre el tema si así lo quisieren.